Este pasado martes el Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de la primera Ley estatal de Vivienda.
La intención del Gobierno es que se tramite con urgencia para que llegue lo más rápido posible al Congreso para su tramitación parlamentaria y pueda entrar en vigor en el segundo semestre de 2022.
Este anteproyecto contempla medidas como las bonificaciones fiscales, la declaración de las zonas tensionadas o el recargo al IBI.
Esta nueva ley pretende proteger de forma permanente el parque público de vivienda social, movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, por lo que establecerá recargos del 150% al IBI en la cuota líquida en viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
También se pretende estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda de manera asequible con deducciones sobre en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que oscilaran entre 50% al 90%.
La nueva ley también estipula deducciones de un 60 y 70% si se alquila la vivienda por primera vez a jóvenes de 18 a 35 o si se han realizado obras de rehabilitación o mejora.
Con estas medidas El Gobierno pretende ampliar así el parque de vivienda pública, que actualmente solo cuenta con unas 290.000 viviendas y una cobertura del 1,6% de personas, cifra muy distante respecto al 10% de los países europeos. La nueva norma pretende trabajar de forma cooperativa con las administraciones locales, el sector público-privada, entidades y agentes del sector.
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