El año 2025 se cerró con la vivienda consolidada como el principal problema para los barceloneses. Según el último barómetro municipal, el 32,8% de los ciudadanos la sitúa como su mayor preocupación, un máximo histórico que refleja la creciente dificultad de acceso a un hogar en la capital catalana. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat buscan respuestas combinando ajustes normativos y adquisiciones directas de vivienda.

Uno de los cambios más relevantes llegará de la mano de la ley de medidas fiscales de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Esta norma introducirá una flexibilización parcial de la reserva del 30% de vivienda protegida (VPO) en obra nueva y grandes rehabilitaciones, una medida emblemática del anterior gobierno municipal que, según el sector, ha frenado la promoción inmobiliaria desde su implantación en 2018.

El nuevo enfoque no elimina la obligación, pero sí simplifica los trámites cuando la VPO no se concentre en la misma finca. De este modo, una promotora con varios proyectos en un mismo barrio podrá agrupar la vivienda protegida en un solo edificio al solicitar la licencia, evitando la tramitación de planes urbanísticos especiales que podían retrasar los proyectos hasta un año. No obstante, la aplicación definitiva dependerá del debate parlamentario y de las negociaciones presupuestarias en curso.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado su política de tanteo y retracto para ampliar el parque público. En 2025 destinó 21,71 millones de euros a la compra de viviendas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Entre las operaciones destacan la adquisición de tres fincas completas —incluida la Casa Orsola—, 50 viviendas individuales y varios solares que permitirán desarrollar más de un centenar de pisos públicos.

Estas medidas reflejan el intento de las administraciones de equilibrar regulación, inversión pública y estímulos al sector privado para afrontar uno de los grandes retos urbanos de Barcelona.

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Barcelona recurre al Parlament para flexibilizar la reserva del 30% para VPO

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