Cataluña da un paso firme para garantizar el cumplimiento de la Ley de Vivienda y los topes al alquiler que esta establece. Antes de que finalice el año, el Govern de Salvador Illa (PSC) pondrá en marcha un nuevo cuerpo de 100 inspectores que tendrá la misión de supervisar el mercado, atender denuncias y actuar de oficio para detectar incumplimientos.
Esta medida ha sido impulsada por En Comú Podem, el referente catalán de Sumar, cuyos dirigentes David Cid y Susana Segovia condicionaron su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 a la creación de este cuerpo inspector. Sus votos, junto con los de ERC, resultan esenciales para aprobar las cuentas.
Segovia ha asegurado que el nuevo equipo estará “blindado jurídicamente” para actuar con todas las garantías legales. El Parlament tramitará la normativa por vía de urgencia para que los inspectores puedan comenzar a operar lo antes posible, aunque algún recurso podría retrasar su aplicación.
La principal función de este cuerpo será vigilar que se cumplan los límites a los arrendamientos en los 271 municipios declarados como “zonas tensionadas”. También revisarán anuncios y ofertas inmobiliarias para garantizar que la información que se ofrece sea “veraz y suficiente”.
Además, el Govern habilitará la contratación de 19 técnicos de consumo especializados en vivienda, que se centrarán en detectar cláusulas abusivas, como el uso de contratos de temporada para esquivar el control de precios. Estas medidas buscan frenar las prácticas fraudulentas que han proliferado desde la entrada en vigor de la normativa en 2024, y que han contribuido a reducir la oferta y tensionar aún más el mercado.
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