El president de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), ha anunciado una ambiciosa medida para combatir la crisis habitacional en Cataluña: la activación de 665 solares públicos cedidos por 226 ayuntamientos para construir 21.289 viviendas de alquiler asequible. La medida forma parte del plan del Govern para promover hasta 50.000 viviendas públicas antes de 2030.
Durante la clausura del Cercle d’Economia, Illa afirmó que la vivienda representa un «fallo de mercado» y un factor central de desigualdad social, defendiendo la necesidad de «intervención pública». Aunque no concretó todas las medidas que aplicará, destacó que los terrenos ya están técnicamente preparados para iniciar la edificación, con un 25% de las viviendas destinadas a menores de 35 años y un 8% para personas vulnerables.
El anuncio no estuvo exento de críticas. Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, advirtió que “sin los inversores, este tema no se arregla” y lamentó que la visión del sector privado esté quedando al margen de las políticas del Govern. A esta crítica se suman las recientes objeciones de Foment del Treball y la APCE, que rechazaron el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) acordado con En Comú Podem.
A pesar de las diferencias, Illa defendió que la única vía para reducir los precios es construir más vivienda, estimando que en Cataluña se necesitan 150.000 nuevas unidades.
Para compensar los costes, el Govern ofrecerá financiación pública a los promotores, cubriendo la diferencia entre el precio de construcción y el umbral de rentabilidad mínima. Una fórmula que, según Illa, representa el plan de vivienda pública “más ambicioso de España”.
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Illa abre la puerta a «medidas de intervención» en vivienda ante los «fallos» del mercado catalán
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