Barcelona y otros municipios catalanes han cumplido un año bajo el régimen de control de precios del alquiler, aplicado en zonas declaradas como “tensionadas” por la Generalitat. Esta intervención, permitida por la Ley Estatal de Vivienda, solo se ha implementado de forma activa en Cataluña, que el Gobierno central ha presentado como ejemplo. Sin embargo, los datos reflejan un panorama muy distinto: la oferta ha disminuido y los precios no han bajado.
Según la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, en 2024 se firmaron apenas 32.900 contratos, la cifra más baja en una década. Además, Fotocasa detectó en marzo de 2025 incrementos de precios en todos los distritos de la capital catalana, pese a los límites establecidos.
Expertos como Gonzalo Bernardos (UB) advierten que la normativa no ha frenado la escalada: los pequeños propietarios pueden actualizar rentas por inflación, lo que reduce la efectividad del control. Muchos optan por vender antes que alquilar. José García Montalvo (UPF) apunta a la falta estructural de oferta como el verdadero problema, señalando que cualquier medida que obstaculice al propietario agrava la situación.
En distritos tradicionalmente más accesibles como Sant Andreu (+19,9%) y Horta-Guinardó (+11,9%), los alquileres se han disparado. Gràcia lidera como el más caro con 23,89 €/m², seguido de Sant Martí (23,76 €/m²) y Eixample (22,88 €/m²).
A pesar de los objetivos de la ley, el mercado está más tenso que hace un año, y la vivienda ya es la principal preocupación de los catalanes, según el último barómetro del CEO. Con 271 municipios bajo regulación y más del 90% de la población afectada, el modelo catalán entra en su segundo año con más incertidumbre que certezas.
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Barcelona choca con la intervención del precio del alquiler
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