Cataluña ha decidido intensificar el control sobre los precios del alquiler con nuevas sanciones económicas. El Govern, liderado por Salvador Illa, ha aprobado un régimen sancionador que podría llegar a imponer multas de hasta 900.000 euros a aquellos propietarios cuyos arrendamientos superen en un 30% el índice de precios establecido por la Generalitat.
La nueva normativa, que entrará en vigor este miércoles, responde a una de las propuestas de los comunes, aliados de Sumar en Cataluña. Estas medidas han sido clave para avanzar en la aprobación de los primeros Presupuestos del Govern de Illa.
El régimen sancionador contempla infracciones «muy graves», con sanciones entre 90.001 y 900.000 euros. Esto incluye, por ejemplo, fijar alquileres muy por encima del índice de precios, cargar al inquilino con gastos de gestión, o formalizar contratos fraudulentos. Además, las multas «graves» se impondrán a aquellos que publiquen anuncios con precios desorbitados o que omitan la renta anterior en los contratos.
Una de las novedades es que las sanciones no serán excluyentes, es decir, podrán acumularse. Como señaló Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los comunes: «Saltarse la ley no saldrá a cuenta».
Con estas medidas, el objetivo del Govern es frenar el encarecimiento del alquiler y garantizar que el mercado inmobiliario catalán sea más accesible para los ciudadanos, promoviendo una mayor transparencia y equidad en los arrendamientos.
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Multas de hasta 900.000 euros en Cataluña por incumplir el tope al alquiler
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