La Generalitat de Cataluña está a punto de finalizar la inspección de los contratos de alquiler que no cumplen con la normativa de la Ley de Contención de rentas.
Estos inmuebles no se ajustan a esta ley 11/2020, que pretende sancionar a aquellos propietarios que dispongan de contratos de alquiler con unos precios superiores al Índice de referencia de precios del alquiler.
En concreto se han detectado 30 casos que son susceptibles a la sanción, con infracciones que hacen referencia a no individualizar los gastos que se incluyen en la renta y a no detallar las características específicas que justifican la superación de la renta que establece el índice.
El gobierno catalán enviará cartas a los ayuntamientos de los inmuebles infractores para instarlos a incoar el procedimiento sancionador, ya que entra dentro de sus competencias. Si estos no lo hacen, será la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat quien sancionará con multas que oscilan entre 3.000 y 90.000 euros.
La ley, que entró en vigor en septiembre de 2020, afecta a los nuevos contratos de alquiler, que no pueden incrementar el importe del anterior ni tener un precio por metro cuadrado superior al de la media de la zona, aunque la obra nueva queda exenta de esta obligación con el objetivo de incentivar la construcción de vivienda protegida.
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